La ciudadanía se puede definir como "El derecho y la disposición de participar en una comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público."

martes, 31 de agosto de 2010

Hemos creado un monstruo

Reggio’s

ahora mismo

La infausta y frívola campaña veraniega de anuncio y tanteo para proceder a la subida de impuestos nos hace reflexionar sobre muchos temas esenciales, amén de indignarnos. La primera reacción es exigir que ni se permita plantearla sin haber diseñado previamente una reducción estructural del gasto público a todos los niveles. Insistimos en lo estructural, pues nada tiene que ver con el torpísimo “recortazo” confusamente anunciado (hoy sí, mañana no, pasado sí pero menos, y los ojos en Blanco…). Advirtamos que reducir estructuralmente el sobregasto lleva a revisar estructuras. Sobre una fundamental queremos compartir reflexión.

Es evidencia admitida, en cada vez más cenáculos informados, que lo pergeñado como Estado de las Autonomías es ruinoso e impagable. Impagable sin ironías, en el sentido genuino y monetario. Económicamente, hemos creado un monstruo. Dejemos hoy los efectos socio-políticos, tal vez menos objetivables, aunque vinculados e importantísimos. Hablemos de euros y rompamos tabúes.

Comencemos revisando dos ideas adquiridas. La primera es que el actual estado de la Nación española es el apéndice natural inevitable de la Constitución. No es cierto, es sólo uno de los posibles. Evidencia crucial, pues significa que la situación es retomable, sobre todo si no hay presupuesto que lo aguante. La segunda es que España ha prosperado mucho durante el establecimiento de las autonomías. Sí, pero no. La progresiva instauración de la actual situación territorial ha tenido, simplificando, dos fases. La primera consistió en una descentralización de gestión de competencias razonables con una fuerte impronta cohesionadora del Gobierno central. Esa descentralización fue muy buena para España, ya que aumentó eficacia y acercamiento de la gestión. Pero la dinámica se desmadró, con errores colosales (¿transferir educación y sanidad? ¡Ni los suizos se han atrevido!) y el nacimiento de 17 taifas desiguales y del famoso “Estado Residual” inerme, chantajeado, sin poder ejecutivo ni cohesionador. La auténtica pregunta es: ¿Cuánto más y mejor hubiese crecido España en los últimos tres lustros sin el lastre de este particular sistema autonómico? Esta es la verdad por estudiar.

Para ello se impone enunciar, conceptualmente, qué disfunciones, cuando no disparates, ha introducido el actual Estado de las Autonomías, impidiendo una mayor prosperidad de los ciudadanos. Son de cuatro índoles. La primera aproximación es contable. Sorprende que el propio Gobierno de la Nación, en cumplimiento de su deber, no haya valorado la sobrecarga económica que supone la anárquica, redundante y elefantiásica explosión de organismos públicos a todos los niveles. Hay que acudir a estudios privados, como el de la Fundación UPyD, que detectan los grandes ahorros que se producirían, incluso sin reformar el sistema, con sólo generalizar el sistema regional más eficiente a los demás. Ahorros indispensables.

La segunda es más grave e irresponsable, y también empieza a ser estudiada por instituciones empresariales (pero no lo quiso hacer el Consejo Económico y Social): la ruptura del mercado único. Cualquier empresario sabe cómo se le han multiplicado los costes de transacción. El establecimiento de barreras interiores a la libre circulación (no siendo la menor la lingüística), la multiplicación de legislaciones diferentes y de trámites distintos a pocos kilómetros de distancia, la “patrimonialización” de las Cajas regionales… tantos ejemplos de un empobrecimiento anti-natura que nos terminará arruinando.

La tercera puede pasar desapercibida, pero es clave: la imposibilidad de hecho para el Gobierno de la Nación de implementar políticas con la suficiente masa crítica y con el aprovechamiento máximo de las economías de escala en una Nación modesta a escala mundial. La imposibilidad de invertir sensatamente en capital humano (educación), en infraestructuras (trasvase Tajo Segura, almacén geológico profundo de residuos, programación global de la Sanidad…), en ordenación del territorio (costas) y mucho más, hace que la dinámica económica española sea radicalmente ineficiente e insolidaria, es decir mucho más costosa. Y, por último, aunque poco citada, la absoluta pérdida de proyecto común, de esfuerzo colectivo nacional, de visión de servicio a toda la Nación por parte de las autoridades regionales, cada vez más semejantes a cacicatos localistas, inoculando esa tribal cultura, poco a poco, a la ciudadanía. Aún difícil de calcular, esa actitud de emplear energías “contra” el de al lado o “contra” la fortaleza de la nación, se nos antoja como la más dañina para la economía. La importancia de los “animal spirits”….

En la encrucijada dramática que vive España, aunque sólo fuere la económica, creemos indispensable priorizar el análisis de esos temas, y la concienciación social, para reformar, regenerar y reestructurar el potencial de prosperidad futura de los españoles todos. De lo contrario, la agonía será dolorosa, y seguiremos perdiendo la confianza, interna y externa, que necesitamos para salvarnos. Pero, entre un Presidente que va repartiendo naciones de generación espontánea y un opositor mayor que promete a sus caciques no recuperar ninguna competencia ¿Quién combate al monstruo? ¿Quién se ocupa del bien común de los españoles?

Enrique Calvet. Economista.

lunes, 30 de agosto de 2010

Sellarès cobra 106.000 euros de la Generalitat


El ex Secretario de Comunicación percibe un sueldo 'vitalicio' al frente de su fundación.

E-noticiés
El ex secretario de comunicación del Govern, Miquel Sellarès, cobra un sueldo de alta dirección -más de 106.000 euros al año- como máximo responsable de la Fundación Centre de Documentació Política, según ha denunciado CiU en el debate de los Presupuestos de la Generalitat del 2010 en comisión.

La diputada Pilar Pifarré, en efecto, ha afirmado que "el Centro de Documentación Política se puso el año pasado en el Departamento de Presidencia y continúa este año. El año 2009 tenía treinta laborales fijos, y éste 2010 tiene veintinueve laborales fijos y una alta dirección que aparece, con unas retribuciones de 106.044 euros".

Fuentes oficiales del Gobierno han justificado que "se trata de un sueldo bruto equivalente al de un secretario general. El sueldo es lo mismo que el año pasado. La fundación es un medio propio, forma parte del sector público, es decir, está integrada dentro del presupuesto de la Generalitat y por lo tanto no recibe subvenciones".

El sueldo de Sellarès, a pesar de no ser un cargo oficial, supera el de secretario general de una consejería -el número dos de cada departamento- que está en 93.000. Los consejeros cobran 127.000 euros al año y los secretarios generales de la Presidencia (Isaías Táboas) o del Govern (Laia Bonet) 126.000.

La Fundación, tiene un presupuesto de casi 1,9 millones de euros, para hacer los resúmenes de prensa de la Generalitat. Los resúmenes no fueron adjudicados por concurso público, sino por convenio aunque, desde caso Millet, el Gobierno recela de los convenios. Además, en el 2004 la entidad ya recibió una subvención de 191.000 euros para el "proyecto de mejora de los servicios y productos de documentación mediante la renovación y ampliación de su hardware y software" aunque aquel año el propio Sellarès había sido nombrado Secretario de Comunicación del Gobierno.

El Centro de Documentación Política fue fundada de 1978 como entidad privada, pero Sellarès consiguió en 1999 que participara tanto la Generalitat de Catalunya, entonces en manos de CiU, como la Diputación de Barcelona, del PSC. El patronato, presidido por el mismo Sellarès, está formado también por Jordi Menéndez, Carles Mundó, Aurora Masip, Jaume Bosch, Jordi Fortuny y Carles Flamerich en representación del Gobierno. Màrius García y Carme Pérez en representación de la Diputación y Miquel Esquirol y Jordi Porta -presidente de Òmnium- de la propia entidad.

El presidente es Miquel Sellarès, uno de los impulsores de la plataforma 'Carod, presidente', en las elecciones del 2003. Sellarès fue director general de Seguridad Ciudadana con CiU durante nueve meses -de hecho Macià Alavedra le presentó recientemente su libro de memorias en diciembre del año pasado- y posteriormente Secretario de Comunicación con el tripartito durante tres, cargo del que tuvo que dimitir por los informes sobre empresas periodísticas.

El actual presidente de Esquerra, a Joan Puigcercós, también lo elogiaba en una entrada en su blog el pasado 1 de noviembre ("Els pressagis de Miquel Sellarès") y recordaba que "fue expulsado de su antigua organización política (Convergència Democrática, de la que es fundador) y linchado públicamente para subir la voz contra la corrupción, contra el tráfico de influencias y el uso indebido de información privilegiada a la sombra del poder". "Miquel, gracias por tu ejemplo," acababa el artículo.

domingo, 29 de agosto de 2010

El arrepentido Portabales advierte que tiene documentación secreta sobre Garzón y el fiscal Zaragoza que puede hundirles

extraconfidencial.com

Él y Padin se acaban de quedar sin la protección económica y personal del ministerio de Interior que gozaban desde hace 20 años por la "Operación Necora"

El testigo protegido guarda en una caja fuerte agendas de anuario y cintas donde están recogidos muchos de los secretos inconfesables del todavía titular del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional y del hoy su Fiscal Jefe, antes fiscal Antidroga.
Se da la circunstancia que el juez del Supremo que ha encausado a Garzón, Luciano Varela, fue el amigo y colaborador del juez estrella durante la Operación Necora
Ricardo Portabales, cuyo testimonio de arrepentido fue vital para la denominada “Operación Nécora”, que provocó el primer derrumbe del narcotráfico gallego, advierte que si continua con la suspensión de toda medida protectora tanto de carácter económico como personal hacia él y su familia sacara a la luz una serie de agendas de anuario, documentación sobre reuniones y cintas de conversaciones grabadas sobre el juez Baltasar Garzón y el hoy Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
El 12 de junio de 1990 el juez del Juzgado Central nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y el entonces Fiscal Antidroga, Javier Zaragoza, asestaron el primer gran golpe contra las bandas del narcotráfico orensanas que operaban en las rías gallegas. Más de 350 policías desplazados desde Madrid apresaban de madrugada, en sus casas y en pijama, a los principales jefes del contrabando de tabaco, reconvertidos a narcotraficantes: Laureano Oubiña, Sito Miñanco y los integrantes del clan de los Charlines.
Ricardo Portabales, natural de Marín (Pontevedra), que hizo la mili como submarinista y quiso ser Policía antes de dedicarse a la contratación de barcos y al tráfico de estupefacientes, emigró tras el juicio de la Operación Nécora a Uruguay, donde intentó poner en marcha un negocio de compra venta de cuadros y antigüedades junto a su nueva compañera sentimental. Fracasó y enfermó.

Todo en una caja fuerte

Su compañero de arrepentimiento, Manuel Fernández Padín, permaneció en España. Tras varios años durmiendo en dependencias policiales, rehízo como pudo su vida, aunque se encuentra sometido a tratamiento de ansiolíticos
.
Ahora, los dos se han quedado sin ninguna protección, ni económica ni personal, por parte del Estado español.
Ricardo Portabales ya ha advertido a los altos mandos policiales y judiciales que si esta situación continua sacara a la luz el material que guarda en una caja fuerte, que contiene agendas donde están anotadas muchas reuniones y datos confidenciales, así como cintas “que pueden hacer mucho daño”. Dicen en su círculo más cercano que los dos “estamos quemados con el juez Garzón y con el ministerio de Interior porque les han defraudado y no han cumplido lo pactado”. Afirman que mientras su colaboración fue necesaria, Interior se ocupo de su protección y les proporcionó casa y dinero (unos 1.100 euros netos al mes). Todo ello a cargo de los fondos reservados. Hoy, ya no son nadie y les han retirado todo. En Interior se justifican y aseguran que las finanzas del Estado se han resentido y también los fondos reservados, que “se encuentran bajo mínimos”.
Su enfado les lleva a advertir que pueden hacer temblar los cimientos de la Audiencia Nacional y del ministerio del Interior con los documentos que Ricardo Portabales tiene guardados en una caja fuerte.

Coincidencias judiciales

Se da la circunstancia que el juez que colaboro mano a mano con Garzón en la Operación Nécora fue Luciano Varela, entonces titular en los Juzgados de Pontevedra y que ahora, desde su puesto de magistrado en el Tribunal Supremo, ha encausado a Garzón por una presunta prevaricación con motivo de la investigación sobre los crímenes del franquismo. Precisamente, la Operación Nécora contra Ricardo Portabales la inició Luciano Varela en Galicia y la culminó Garzón en la Audiencia Nacional.

El magistrado Varela, cofundador de Jueces para la Democracia, es un gran amigo de Juan Alberto Belloch, el que fuera súper ministro de Justicia e Interior durante la última etapa de Felipe González y enemigo declarado de Baltasar Garzón. Quizás sea por esto, el empeño demostrado por Luciano Varela, que elaboró con Belloch la Ley del Jurado, por sentar en el banquillo al juez estrella, al que ahora Ricardo Portabales pone de nuevo en entredicho. Todo indica que un nuevo calvario se abre para Garzón.

Juan Luis Galiacho


La momia del general Prim reaparece en Reus

El País. FERRAN BALSELLS - Tarragona
No será un homenaje cualquiera: el cuerpo embalsamado del general Prim, hijo ilustre de Reus y uno de los personajes más influyentes en la historia contemporánea española, se exhibirá temporalmente ante los ciudadanos en un reconocimiento de regusto entre faraónico y maoísta-leninista.

El Ayuntamiento quiere aprovechar el proceso de restauración del mausoleo del general, tarea que incluye la revisión del estado de la momia, para que los ciudadanos acudan a mostrarle sus respetos. "Como tenemos que acceder al cuerpo, nuestra intención es exponerlo por un breve periodo de tiempo y todavía por determinar", señala la concejal de Cultura, Empar Pont, cargada de cautela para no herir sensibilidades.

"No será un circo, sino un reconocimiento respetuoso. Tampoco queremos molestar a los familiares directos del homenajeado", razona la concejal de Cultura de Reus. La familia de los Prim, que ya anda por los biznietos del general, todavía no ha sido consultada sobre el asunto. "No esperamos que presenten quejas porque se trata de un reconocimiento", confía Pont.

El Consistorio prevé exponer la momia en el mismo mausoleo del cementerio de Reus en el que yacen estos restos desde 1971. El rescate temporal del cuerpo embalsamado de Prim se concretará gracias a los trabajos de restauración del sepulcro, que empezarán este septiembre con un coste de 37.000 euros y seguirán una técnica similar a la utilizada recientemente por la Generalitat para analizar la momia de Pere El Gran.

En la tarea participarán los técnicos del Centre de Restauració de Béns Immobles de Sant Cugat del Vallès, los mismos que ya estudiaron los restos del monarca de la Corona de Aragón. Su tarea consistirá, primero, en diagnosticar el estado de conservación del mausoleo y del féretro para detectar y reparar posibles daños en el recinto.

Después, se procederá a abrir el sepulcro para extraer muestras de los tejidos de la momia, analizar su estado de conservación y rehabilitarla en caso que sea necesario. Concluida esta fase, el Consistorio espera exponer la momia al público, probablemente alrededor de noviembre.

La figura de Joan Prim recibirá así un reconocimiento póstumo de su ciudad natal después de que el jefe de Estado muriera a balazos a finales de 1870 en Madrid. El asesinato estremeció a Reus desde la distancia

sábado, 28 de agosto de 2010

Murcia, que grande eres


El hijo de Jordi Pujol, portavoz de CiU en Cataluña, utiliza a la Región de forma peyorativa para criticar el centralismo español.

La página web oficial de CiU puso ayer en un sitio destacado las despectivas alusiones de Oriol hacia Murcia

La Verdad.es
Oriol Pujol: «Montilla quiere convertirnos en una gran Murcia»
El hijo del ex presidente de Cataluña Jordi Pujol sembró ayer la polémica al manifestar que José Montilla pretende convertir Cataluña «en una gran Murcia». Oriol Pujol, que es portavoz de Convergencia i Unió (CiU) en el Parlamento catalán, arremetió contra el modelo federalista del Partido Socialista de Cataluña (PSC) en unas declaraciones realizadas en el programa 'Els Matins' de la televisión autonómica TV3. «La propuesta de Montilla es construir un Estado fuerte en torno a una capital fuerte: Madrid. Esto sólo nos deja la opción de subirnos al carro de la españolidad. Montilla nos quiere convertir en una gran Murcia», apuntó el político nacionalista catalán. La página web de CiU mantuvo ayer destacadas las polémicas declaraciones de su portavoz alusivas a Murcia.
Oriol Pujol, adscrito al sector soberanista de Convergencia Democrática y con grandes ambiciones políticas, abundó en estas manifestaciones para criticar que el modelo que defienden el PSOE y el Partido Popular «es el de una España a la francesa, con una capital muy fuerte». Añadió que el presidente Montilla está solo con su propuesta federalista porque no cuenta ni con el apoyo de su propio partido.
No es la primera vez que el hijo del anterior presidente de Cataluña utiliza con el mismo sentido peyorativo a la Región de Murcia para resaltar las reivindicaciones catalanistas. Precisamente en marzo de 2008 manifestó, a raíz de la toma de posesión de José Montilla, que el dirigente socialista convertiría «Cataluña en una gran Murcia, lejos de ser una nación seremos una gran Diputación con poco orgullo de país». Eso sí, «con todo el respeto por los murcianos», dijo Oriol Pujol. Estas palabras fueron recogidas por ABC a propósito de la radicalización del nacionalismo catalán. Esa época coincidió con otras declaraciones de Marta Ferrusola, esposa de Pujol, expresando su malestar por el hecho de que el presidente de la Generalidad de Cataluña fuera andaluz.
Ferrusola mostró su aversión hacia la inmigración al explicar, con cierto orgullo, cómo sus hijos, entre ellos Oriol Pujol, se habían quedado sin jugar en el parque en numerosas ocasiones porque el resto de niños no hablaba catalán, sino castellano.
El portavoz de CiU también manifestó ayer a TV3 que los socialistas catalanes no se habían plantado ante el Gobierno de Rodríguez Zapatero para reclamarle todas las inversiones en infraestructuras que estaban previstas para Cataluña antes del recorte presupuestario.
Señaló que el primer anuncio de recortes de inversiones y la rectificación posterior para suavizarlo es fruto de «un sainete».


jueves, 26 de agosto de 2010

Mañana puedes ser tu.


Esta mañana me asaltaron unos chicos que con hucha en mano, me pedían mi colaboración con AEDOPAT, Asociación de Enfermos y Donantes de Organos para transplantes. Además de las monedas suelta que llevaba en cima, esta entrada quiere ser otra forma de colaborar con esta noble causa.

Francisco G.P.

sábado, 21 de agosto de 2010

Padres de las lenguas.

Me comentaba el editor y director de un diario local, " hay quien tiene el carnet de periodista y se jubilará si saber hacer periodismo". Esto puede ser una opinión compartida y transferible a cualquier otra profesión. Y esto viene a cuento, por el artículo de la escritora Najat El Hachmi en su columna de El Periódico, "Hijos de las lenguas", y no es que este mal narrado ni tan siquiera pueda un aprendiz de nada como yo, cuestionar más allá de la intencionalidad de esta escritora que ganó el premio de las letras catalanas "Ramón Llull".

Esta escritora tiene todo el derecho del mundo a tener su propia opinión, hasta ahí pondríamos llegar, pero mi opi
nión es tan legítima como la suya. Y es que puedo discrepar de sus planteamientos, opiniones y declaraciones. Pensar que el Estatut de Cataluña se pasa por el aro, cuanto menos es actuar de forma manipuladora. En todo caso pasa por un Tribunal que determina la constitucionalidad de las leyes. Sobre todo para ser consecuentes.

En lo que puedo estar de acuerdo con la Sra. Najat es que quien se establece aquí de forma permanente pueda tener garantizadas las mismas oportunidades, no tiene otro remedio que adquirir las dos leng
uas, y añadiría, y la libertad de elección con la que quiere ser integrado y que la pluralidad de Cataluña no puede quedar en priorizar una sobre otra, la que sea. Recordar que el castellano es la lengua común de todos los españoles y todos tenemos el derecho a conocer.

Está claro que eso no es una prioridad de mucha de la inmigración reciente, -como bien apunta la Sra. Najat-, e incluso agregaría, de la mayoría de ciudadanos de Cataluña. Aunque ahora muchos entendemos que como no ha sido una prioridad para todos, como se pudo sacar adelante una ley así en Cataluña, se puso toda la maquinaria desde las entidades e instituciones que trabajan directamente con la inmigración en reuniones organizadas por la Secretaria d'Immigració previas a la redacción de la ley, ¿porqué?


Por eso no puedo entender que una persona que denuncia la manipulación política que se tiende a hacer con la inmigración, trate de desorientar a los lectores con el cuento de ha quien quieres más, a papá o a mamá, o, catalá o castellá.






Cómo el Ayuntamiento de Barcelona veta a la Selección Española

La selección Española les puede chirriar excesivamente “facha”, animar a la selección Española de futbol les colma de complejos que la mayoría no tenemos.


Homenaje a Riera

La sombra de ETA

¿Qué es lo que querían celebrar? ¿Su puesta en libertad? ¿Por qué? ¿Acaso están orgullosos de lo que hizo y consideran una hazaña meritoria colaborar con ETA para matar?

Ha tenido que ser la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien intervenga y pida la prohibición de la marcha en honor de la colaborada de ETA en Cataluña, Laura Riera, que saldrá de prisión el 21 de agosto después de pasar 9 años en la cárcel por colaborar con ETA. El Ayuntamiento y el consejero del Interior del Gobierno catalán, Joan Saura, nada habían hecho por prohibir la marcha con antorchas que tenían previsto llevar a cabo en medio de las fiestas de Gracia tanto la Asamblea de Joves de Gràcia como la Comisión de Fiestas Populares anunciadas en sus respectivas páginas web.

¿Qué es lo que querían celebrar? ¿Su puesta en libertad? ¿Por qué? ¿Acaso están orgullosos de lo que hizo y consideran una hazaña meritoria colaborar con ETA para matar? ¿O es que quizás su ideología independentista les lleve a rechazar el universo moral de los tribunales que la condenaron y quieran resarcirla y apoyarla con su presencia para insistir en los métodos que la condenaron? ¿Qué es lo que pretenden ofrecerle con el homenaje? ¿Acaso no ven nuestras autoridades municipales y autonómicas que ni uno de los que la agasajarán habrán sentido el dolor de sus víctimas? ¿Tan débil es la raya entre el bien y el mal para el Consistorio barcelonés o para el responsable de Interior, Joan Saura, cuando se trata de prohibir manifestaciones o manifestantes con estética e ideologías nacionalistas de "casa nostra"?

Es un síntoma inquietante que el presidente del grupo parlamentario autonómico de ICV-EUiA Jaume Bosch se haya situado en la equidistancia entre los manifestantes pro etarras y los grupos políticos que denunciaron la marcha de apoyo a la colaboradora de ETA cuando, refiriéndose a las denuncias de Populares y Ciudadanos hizo un llamamiento para "no caer en provocaciones ni de un lado ni del otro", tanto por parte de los que organizan actos de este tipo, como por parte de los que los critican con mala fe en busca de réditos electorales. Esa miserable deducción nos debería hacer reflexionar. Parece que, para algunos nacionalistas, ciertas formas de lucha cercanas a sus propios fines ideológicos, aunque no compartan sus métodos literalmente, atemperan la gravedad de sus actos hasta confundirlos con los métodos políticos. Así, en 2007, según reveló El Mundo, un documento interno emitido por el Departamento de Justicia de la Generalidad calificaba de "presos políticos" a Laura Riera y a su pareja, Diego Sánchez Burria, también condenado por colaborar con ETA.

Este tipo de lenguaje y este relativismo moral en función de los fines compartidos desvelan la miserable pasividad del Ayuntamiento de Barcelona y de las autoridades del orden público del Gobierno de la Generalitat. Aunque en esta ocasión, el fiscal haya puesto las cosas en su sitio.

¿Se le ocurriría a Jaume Bosch hablar de equidistancia ante el secuestro, violación, tortura y crimen de las tres adolescentes del aquel horrendo crimen de 1992 conocido bajo el nombre de crimen de Alcácer? ¿Se atrevería este sujeto político a hablar de equidistancia para criticar a los grupos políticos que se opusieran a un reconocimiento público de los posibles asesinos?

Piensen por qué en este caso se atreve éste, o se inhiben otros.

Antonio Robles, LD

jueves, 19 de agosto de 2010

La Defensora del Pueblo carga contra los opositores de los derechos lingüísticos


Vuelve a reiterar que es inconstitucional que el catalán sea 'preferente' sobre el castellano

Madrid.- La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha afirmado que las críticas recibidas por recurrir la ley catalana de Acogida de Inmigrantes ante el Tribunal Constitucional (TC) son "salidas de tono que, por respeto a los ciudadanos, no deberían producirse y menos en personas con responsabilidad política".

Cava de Llano ha criticado que "a veces algunas personas pierden magníficas oportunidades para contar hasta cien antes de soltar lo primero que les viene a la boca".

La defensora ha reiterado su postura hacia el recurso de inconstitucionalidad, y ha defendido que "plantea una cuestión de régimen de cooficialidad lingüística, y no una crítica total frente a la ley", que fija el catalán como primera lengua de acogida en Catalunya.

"El artículo 9 de la ley catalana establece un sistema de preferencia lingüística absoluta del catalán sobre el castellano, hecho que no cuadra con las previsiones de la Constitución ni con la interpretación que el TC ha hecho con el Estatut", ha subrayado.

Asimismo, ha añadido que "el hecho de que el catalán sea la lengua de integración y la exigencia de su conocimiento no responde a la lógica de la primera acogida y priva a los ciudadanos extranjeros de capacidad para decidir sobre una cuestión con gran trascendencia para el adecuado desarrollo de su proyecto migratorio".

Cava de Llanos ha señalado que "el catalán es un patrimonio común del que debemos enorgullecernos, pero eso no nos puede llevar a imponer una lengua en detrimento de la otra que es tan cooficial como aquella y que además es común para toda España".

La defensora ha explicado también que "el precepto recurrido va mucho más allá de las atribuciones de la autonomía en lo tocante a la primera acogida del inmigrante, e incluso al fomento y protección de la lengua catalana". Ha concluido que "hay que promover la integración de los inmigrantes, pero hay que ellos elijan en que lengua quieren hacerlo".

Según prevé la ley de Acogida, los inmigrantes obtendrán una certificación oficial tras cursar un itinerario formativo, que acreditará la integración para los trámites de arraigo social, renovación de las autorizaciones de residencia temporal, de acceso a la nacionalidad por residencia, así como al mercado de trabajo.

"Si no calificamos a las personas no saldremos de la crisis", explicó en su momento el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, y explicó que la formación incluye 135 horas de catalán, 20 horas sobre conocimiento de la sociedad y el marco jurídico, y diez sobre inserción laboral. Los extranjeros accederán a los cursos tras una entrevista personal con un agente de acogida que dominará su idioma.

La ley -aprobada el 28 de abril con el apoyo todos los grupos parlamentarios excepto el Grupo Mixto y el Popular- se propone crear así un servicio de primera acogida a través de los entes locales que sea universal y homogéneo, y que mejore la autonomía de todos los inmigrantes empadronados en Catalunya o que procedan del reagrupamiento familiar.

LAVOZLIBRE

Medio centenar de ayuntamientos de Cataluña se declaran independientes de España


Entre ellos, todos los de la comarca gerundense del Pla de l'Estany

Ya son 59 las poblaciones catalanas cuyos plenos municipales han aprobado en las últimas semanas mociones por las que se han declarado ‘moralmente excluidos del ámbito de la Constitución española‘ como respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

Desde que el pasado 5 de julio el Puerto de la Selva aprobó una moción en ese sentido con el apoyo del PSC, seis capitales de comarca (Bañolas, Ripoll, Solsona, Mollerusa, Vic y Villafranca del Penedés) junto a otros 53 ayuntamientos han ratificado textos similares.

Según la Comissió 100 anys d’estelada, el resto de poblaciones son Arenys de Munt, Argentona, Avinyó, Begas, Brull, Calders, Capellades, Castellar del Vallés, Garriga, Llissá de Munt, Manlleu, Molins de Rey, Montesquiu, Roda de Ter, Sallent, San Antonio Vilamajor, San Pedro de Torelló, San Pedro de Vilamajor, San Quintín de Mediona, San Quirze de Besora, Santpedor, Subirats, Tagamanent, Taradell, Torelló, Vacarisas, y Viladrau (en Barcelona); Amer, Anglés, Camós, Castellón de Ampurias, Cornellá del Terri, Crespiá, Esponellá, Fontcuberta, Lladó, Llambillas, Palafrugell, Palol de Rebardit, Pardinas, Porqueras, Puerto de la Selva, San Gregorio, San Miguel de Campmajor, Seriñá, Vidreras, Vilablareix, Vilademuls, y Vilaminiscle (en Gerona); Albagés, Albí y Tarrés (en Lérida); y Pla de Santa María (en Tarragona).

De hecho, esta semana, la comarca del Pla de l’Estany (de algo menos de 30.000 habitantes), en Gerona, se ha convertido en la primera en la que todos sus ayuntamientos (11) se han declarado ‘moralmente excluidos’ de la Constitución y rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional. En algunos casos, incluso instan al Parlamento autonómico de Cataluña a ‘iniciar un proceso democrático para que Cataluña alcance su independencia nacional’.
lavozdebarcelona.com

martes, 17 de agosto de 2010

Huguet (ERC) tacha de "falangista" al Defensor del Pueblo por recurrir la Ley de acogida

El conseller de Innovación, Universidad y Empresa de la Generalitat, Josep Huguet (ERC), ha cargado este martes contra el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y le ha tachado de "falangista" hasta en tres ocasiones por querer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de Acogida de inmigrantes aprobada por el Parlament en abril.

Qué.es

El conseller de Innovación, Universidad y Empresa de la Generalitat, Josep Huguet (ERC), ha cargado este martes contra el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y le ha tachado de "falangista" hasta en tres ocasiones por querer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de Acogida de inmigrantes aprobada por el Parlament en abril.

El diputado en el Parlament del Grupo Mixto e impulsor de la iniciativa como presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha explicado a Europa Press que la nueva Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, recurrió la ley el 13 de agosto ante el TC, aunque el diputado trasladó el texto a la institución en mayo, cuando ocupaba el cargo Enrique Múgica.

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la 42 Universidad Catalana d'Estiu que se celebra en Prada de Conflent (Francia), Huguet ha esgrimido que la decisión de Múgica es una muestra más de que la etapa de negociar con el Estado ha finalizado porque "no hay margen de maniobra y es necesario plantear el Estado catalán".

El dirigente republicano ha admitido que desconoce los detalles del recurso contra la ley, pero se ha mostrado convencido de que la decisión del Defensor del Pueblo guarda relación con que el catalán sea la lengua que los inmigrantes deben aprender en el proceso de integración.

"En el momento en que el Constitucional dice que el catalán no puede ser lengua preferente, a este falangista le ha faltado tiempo para recurrir la Ley de acogida", ha añadido, y ha reivindicado que esta norma es fruto del esfuerzo del Govern para hacer una ley de cohesión social para que la inmigración se integre en catalán.

Visiblemente enojado, Huguet ha acusado al Defensor del Pueblo de "querer, desde su pensamiento falangista, romper la cohesión social en Catalunya".

lunes, 16 de agosto de 2010

Blanco plantea subir impuestos para homologar la presión fiscal a la UE

El País. C. PÉREZ - Madrid - 16/08/2010

El 'números dos' del PSOE juzga necesario el aumento "para tener servicios e infraestructuras de gran calidad" - El PP califica de "chupasangres" a Zapatero.

Hace mucho que terminó la era de proclamar que bajar impuestos es de izquierdas. Las subidas son generales en Europa -la crisis obliga-, y España, con una presión fiscal más baja y un agujero considerable en las cuentas públicas, ya ha empezado a transitar por esa senda. El Gobierno acaba de subir el IVA y hace poco retiró la deducción de 400 euros y elevó la tributación sobre el ahorro, tabaco y alcohol; algunas comunidades han empezado a subir su tramo del IRPF a los más ricos, y la desgravación por la compra de vivienda se acaba este año. El Gobierno prepara aún más madera: Hacienda ultima una subida moderada del IRPF que pagan las rentas altas en los próximos Presupuestos. Por si alguien tenía la más mínima duda de ese giro en la política fiscal (tras años de rebajas impositivas con el PP y con el PSOE), el número dos de los socialistas y ministro de Fomento, José Blanco, aseguró ayer a Europa Press que los impuestos españoles son "muy bajos" y señaló que hay que buscar fórmulas para "homologarlos" a la media europea. En plata: habrá subidas. Y pronto.

Preguntado por este diario sobre si el Ejecutivo prepara alzas fiscales generales -de impuestos directos e indirectos-, afirmó tajante: "En ningún caso". Y después matizó: "El alza de impuestos ya se verá en la tramitación de los Presupuestos [dentro de un mes]. Lo que yo he hecho es una reflexión a título particular respecto a la necesidad de homologar los impuestos a la media europea si queremos tener infraestructuras y servicios de gran calidad". Blanco ya hizo en agosto del año pasado una reflexión a título particular que causó un gran revuelo: planteó subir impuestos a las rentas altas para capear la crisis, algo que el Gobierno inicialmente rechazó, aunque al final el presidente Zapatero ha recuperado esa idea para tratar de repartir las cargas de la crisis, después del tijeretazo que sufrieron funcionarios y pensionistas.

España cerró 2008, el último año con datos disponibles, con una presión fiscal que está en los puestos de cola de Europa: el 33% (de cada 100 euros de riqueza que genera, una tercera parte va a parar a las arcas públicas). La media europea está lejos, cerca del 40%, y más aún las cifras de los países con un Estado del bienestar más desarrollado. Con un agravante: esa brecha se ampliará en 2009 y 2010. Los ingresos públicos en España han caído a plomo por la combinación de la crisis económica y el pinchazo inmobiliario. En el resto de Europa, salvo excepciones, ese derrumbe ha sido menos ruidoso.

"Si los ciudadanos quieren unos servicios públicos y unas infraestructuras de primera, debemos tener también unos impuestos homologables a los de Europa", dijo el vicesecretario general del PSOE y titular de Fomento. Su ministerio se ha visto obligado a aplicar un recorte de la inversión, que el presidente Zapatero ha suavizado recientemente en unas declaraciones que provocaron desasosiego en los mercados y el consiguiente aumento de la prima de riesgo de la deuda de España.

Al PP le faltó tiempo para reaccionar. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, calificó a Zapatero de "chupasangres económico e impositivo de las clases medias" tras conocer la reflexión de Blanco. En una entrevista en Onda Cero, González Pons explicó que "en ningún país serio las subidas de impuestos las anuncia el ministro de Fomento". Y señaló que si el PP gana las elecciones los impuestos se mantendrán e incluso bajarán selectivamente "porque cuando hay impuestos bajos, los ciudadanos generan mayor actividad económica y se acaba recaudando más", pese a que la evidencia empírica demuestra todo lo contrario. Y aunque la práctica totalidad de los países europeos ha puesto en marcha alzas de impuestos tras las montañas de dinero público gastadas para hacer frente a la crisis más grave desde la Gran Depresión.

Zapatero anunció en primavera una subida de impuestos para las rentas altas cuando, presionado por los mercados, se vio obligado a imponer un draconiano plan de ajuste. En mayo dijo que las alzas impositivas a los que más ganan llegarían "en breves semanas". Tres meses después, se espera que se anuncien a finales de septiembre. Hacienda planea además eliminar deducciones para elevar de facto el impuesto de Sociedades. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, lleva meses echando balones fuera en lo relativo a las subidas de impuestos: "Si hay que hacer más recortes, prefiero que sea por la vía de los gastos antes que subir impuestos", solía repetir Salgado en sus comparecencias antes de las vacaciones, si bien daba por hecha la subida a las rentas altas prometida por el presidente. Blanco hace ahora un planteamiento distinto al que ha venido defendiendo Salgado: endurecer el giro en la política fiscal que la crisis obligó a poner en marcha a Zapatero para acercar el Estado del bienestar español al europeo.

viernes, 13 de agosto de 2010

No dejemos solamente a los licenciados en Derecho la defensa de la Constitucion

Nuestra desconocida Constitución, de Manuel Jiménez de Parga en El Mundo

El autor cuestiona que el Parlamento catalán tenga competencia para prohibir las corridas de toros.

La reciente resolución del Parlamento de Cataluña que prohíbe las corridas de toros en aquella Comunidad Autónoma a partir de enero de 2012, ha suscitado comentarios de diversa clase. Así, hemos podido leer estos días que «se trata de una victoria de la democracia y de la dignidad sobre la crueldad», o, en un bando opuesto, se nos ha dicho que «es una pataleta contra España debida a motivos políticos ajenos a la defensa de los animales». Y, en una y otra dirección, han sido numerosas las afirmaciones rotundas, radicales.

Personalmente, la opinión que más me ha sorprendido es la de un político (de esos mediocres que abundan ahora en Cataluña), según el cual «ha sido buena la decisión del Parlament porque con ella dejaremos más limpia para nuestros hijos la sociedad». Pienso que acaso hubiera sido mejor que el objeto de la eliminación fuese la corrupción extendida por doquier, que eso sí que es una herencia pésima allí y en cualquier otro lugar. ¿O es que el toreo del ex gerente del Palau Félix Millet, valga el ejemplo, es una herencia mejor que el toreo de Julio Aparicio?

Pero lo que me interesa especialmente es la posible inconstitucionalidad de la decisión del Parlament. ¿Tenía competencia para acordar tal prohibición? El artículo 149,1.28 de la Constitución Española (CE) concede al Estado la competencia exclusiva para la defensa del patrimonio cultural y artístico español. Es cierto que se trata de un amparo contra la exportación y la expoliación (aunque si se prohíbe eso, con más motivo se prohíbe la total eliminación del bien protegido). Algunos sostendrán, no obstante, que en la protección estatal del artículo 149,1.28 no tienen cabida las corridas de toros, así como tampoco es aplicable al caso la norma del art. 20.1.b), que reconoce el derecho a la producción artística. Con el fin de que desaparezca la incertidumbre sería conveniente que prosperase la proposición de ley del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y que las corridas de toros fuesen valoradas definitivamente como «parte esencial de nuestro patrimonio cultural y turístico».

En el año 2005, uno de nuestros mejores juristas, el profesor Tomás-Ramón Fernández, ya sostuvo que «la Fiesta de los toros forma parte del patrimonio cultural de España, de tal suerte que… es un elemento constitutivo de nuestra propia y peculiar realidad social, tras el cual subyace toda una concepción del mundo que da cuenta de nuestra cultura en el sentido más profundo y más auténtico del término, sin el que, sencillamente, no seríamos ya nosotros mismos». En su artículo publicado el pasado lunes en estas mismas páginas ha ratificado aquel dictamen: «Ningún legislador, ni el catalán ni las propias Cortes Generales, puede prohibir o eliminar las corridas de toros». Mi opinión coincide completamente con la del citado colega y amigo.

En el debate previo a la decisión del Parlamento catalán se dio a conocer el acuerdo de la dirección de algunos grupos de aquella Cámara por el que se concedía libertad de voto a sus diputados. Y esto se dijo públicamente y se difundió con gran aparato. ¿Cómo es admisible el reconocimiento formal de que los partidos políticos infringen de forma habitual la Constitución? Y pregunto esto porque el artículo 67.2 de nuestra Carta Magna establece de modo claro y terminante: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». O sea, que cuando en una asamblea parlamentaria se vota en virtud del mandato del correspondiente partido se infringe la Constitución. Y resulta chocante que se pretenda conceder la libertad de voto a quien tiene el derecho de pronunciarse siempre de forma libre, sin mandato imperativo que le condicione.

Ante estas afirmaciones raras -tan abundantes durante el presente verano-, hemos de insistir en la conveniencia de conocer el texto constitucional que nos rige desde el año 1978. En las escuelas de enseñanza básica, en los centros universitarios, debe intensificarse el estudio de nuestra Constitución. Lamentablemente, no se incluyó en el texto de 1978 algo similar a lo que se ordenaba en el artículo 368 de la Constitución de Cádiz, en el año 1812: «El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas».

Tampoco se ha establecido entre nosotros un mandato análogo al de la Constitución alemana del 11 de agosto de 1919, la Constitución de Weimar, que en su artículo 148.3 disponía que cada escolar recibiese, al terminar sus estudios primarios, un ejemplar de la Constitución.

En definitiva, ya Aristóteles, en el libro V de su Política, escribió con palabras de permanente actualidad: «Lo más importante para un duradero mantenimiento del régimen político es una enseñanza adecuada de la Constitución. Las leyes más útiles, aún ratificadas unánimemente por todo el cuerpo civil, de nada sirven si los ciudadanos no son entrenados y educados en el espíritu constitucional» (1310 a).

El debate de este verano que ha desencadenado la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, nos advierte de la necesidad de que los españoles conozcamos la Constitución que nos rige desde el año 1978.

Manuel Jiménez de Parga es ex presidente del Tribunal Constitucional y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

El Ejecutivo retira apoyo legal a la obra pública en pleno ‘recortazo’

12.08.2010 Mercedes Serraller. Expasión.com

Los contratistas con el sector público se encuentran en una encrucijada. En un momento en el que las licitaciones caen a ritmos del 30% (según los datos de Seopan del primer semestre), el sector se enfrenta a dos situaciones que pueden hacer que su situación empeore notablemente.

Por un lado, estas empresas tratan de contener el recortazo impuesto por el Gobierno en todas las infraestructuras, lo que ha generado un encendido debate político la última semana.

Por otro, ven como una de las medidas de apoyo que les había prometido el Gobierno en la reforma de la Ley Concursal pueden quedar en agua de borrajas.
Y es que los contratistas públicos están sujetos a un trato legal diferente a los privados en caso de entrar en concurso. La normativa que los iba a equiparar se ha caído de los borradores de esta reforma, según ha podido constatar EXPANSIÓN. En un principio se preveía corregir el hecho de que los contratistas públicos en concurso no puedan seguir operando con la Administración, tal como consta hoy en la Ley de Contratos del Sector Público.

De este modo, la ayuda de la Administración, cuya morosidad es muchas veces causante de la quiebra, no llega cuando la empresa lo necesita. Aunque el Ministerio de Justicia –ver EXPANSIÓN del pasado 22 de febrero– aseguró que la reforma concursal evitaría la liquidación de estas empresas, los borradores hasta ahora presentados sólo incluyen una leve modificación a la Ley de Contratos del Sector Público. La misma que ya se incluía en el Decreto de Zurbano y que los expertos ven “claramente insuficiente”.

Demora
En cualquier caso, la presentación de la reforma sigue acumulando demoras. Fuentes consultadas explican que la postergación de la norma, que Justicia aseguró que estaría en Consejo de Ministros en junio, se debe a las críticas que cosecharon los borradores cuando se conoció su perfil bajo. Cuando los interlocutores empresariales supieron que no se cambia el actual modelo.

Dos de los puntos que informó este diario que quedaban fuera de la reforma, el fresh money (dinero que prestan los bancos al concursado) y el sobreendeudamiento de particulares, se están tratando de incorporar al borrador definitivo. En el Consejo de Ministros del próximo 20 de agosto la normativa tendrá otra oportunidad para ver la luz.

A la espera de que culmine la reforma, que el presidente del Gobierno dio como próxima en el Debate sobre el Estado de la Nación, abogados y expertos lamentan que no se auxilie a los contratistas, que viven sus momentos más bajos.
La pequeña mejora que se implantó en Zurbano modifica un artículo (el 49.1.b) de la Ley de Contratos del Sector Público. Con ella simplemente se matiza que sólo será causa de prohibición de contratar, además de la declaración de concurso, la solicitud de concurso voluntario, es decir, la formulada por el propio empresario.

Se impide así que, como consecuencia de la solicitud de un tercero, la empresa quede inhabilitada para contratar. Y, habiendo sido declarado en concurso, una vez aprobado el convenio quedará de nuevo habilitado para contratar.
Zurbano mantiene el diferente trato legal que reciben los contratistas con el sector público. Si entran en concurso, la Administración sólo vuelve a contratar con ellos si logran el convenio. Pero sólo las empresas muy sólidas consiguen el convenio y la prohibición de contratación acaba de hundir a muchas sociedades.

Así lo cree Antonio Fernández Rodríguez, socio responsable del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias de Garrigues: “Contratar con empresarios en concurso cuando ya haya convenio es jugar sobre seguro, y no prestar apoyo en los momentos delicados, en los que el deudor necesita la ayuda para poder construir un plan de viabilidad que le permita negociar un convenio”.

A Raquel Ballesteros, socia de Bird&Bird, esta protección le parece “descafeinada”. Detalla que el empresario en concurso se encontrará “aún más presionado para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, sin el cual ni siquiera podrá aspirar a un contrato con el sector público como eventual tabla de salvación”.

En esta línea, Miquel Ángel Alonso, de Roca Junyent, asegura que “el cambio queda corto, en particular en tanto que no arbitra ninguna solución para que el empresario pueda acudir al concurso sin que ello suponga renunciar a continuar su actividad”.

Noticias Relacionadas

miércoles, 11 de agosto de 2010

Burriciegos de primera clase

LAVOZLIBRE. Por Enrique Calvet.

El insigne maestro Pepe Hillo escribió que de los toros burriciegos (con defectos en la vista) se distinguían tres clases, siendo la primera la de los que ven muy poco de lejos y mucho de cerca, yendo al trapo ante todo lo que tengan próximo. Y, una vez más, como siempre en toda España, como bien dijo el gran filósofo, la metáfora de los toros da que pensar, o permite valorar, lo que tal vez acaezca en el solar patrio.

La liberticida prohibición de las corridas de toros en la Cataluña española, o cis-pirenaica, está sirviendo de distracción, no sólo ante los problemas fundamentales que nos asuelan, sino ‘per se’, confundiendo los conceptos. No vamos aquí a utilizar ni una sola tecla para platicar sobre los aspectos morales o ‘animalistas’ de la tauromaquia. Personas muchísimo más doctas y cualificadas que este plumilla ya han dicho casi todo lo que hay que decir. Aunque no deja de ser reseñable que la gran mayoría de muy ilustres filósofos, literatos y pensadores de España como de acullá, y desde decenios, o siglos, jamás hayan apoyado la prohibición. Tampoco vamos a invertir muchas líneas ante la evidencia: se ha producido una maniobra política anti-española debidamente, y muy eficazmente, pergeñada, construida y engrasada (euros). Reclamarnos a todos, tanto a ‘los anti’ como a ‘los pro’, que no politicemos la prohibición regional, que raya en la auténtica tomadura de pelo y que no puede aceptar nadie que se precie con un coeficiente intelectual cercano a la normalidad. Ha sido un eslabón político dentro de una estrategia política separatista y ‘prou’.

Pero el tema es mucho más grave, y nos dio la pista nuestro presidente del Gobierno, señor Rodríguez -le tengo mucho respeto a los primeros apellidos y a los zapateros-, cuando afirmó que debía -y debíamos- respetar las competencias cedidas a las regiones en materias de cultura. Personalmente opinamos que las políticas culturales son en las que más techo competencial pueden alcanzar los gobiernos regionales. Es de sentido común que quien está cerca de las tradiciones, vivencias y legados históricos de los ciudadanos gestionen la mayor parte de las políticas culturales. Es normal que el gobierno de la Generalidad evalúe cuánto y cómo apoyar la sardana y el gobierno gallego la muñeira, y no un gobierno central. Igualmente, un gobierno regional debe poder decidir si ayuda al fútbol regional más que al rugby, si prefiere diccionarios de bable que financiar más el teatro, o lo que sea. Y hay que respetarlo. Pero no se trata de eso, porque el asunto cambia totalmente de concepto cuando de lo que se trata es de prohibir y erradicar. Y más tratándose de un bien cultural común de todos los españoles. Para dar un ejemplo palmario alejado de las arenas: el gobierno canario puede subvencionar o no la lucha canaria, pero no puede prohibirla porque de pronto le entre la vena de pensar que es un espectáculo violento. Porque, como españoles, sometidos a una Constitución -y casi diríamos como simple ciudadano del mundo- tenemos derecho a poder elegir disfrutar de ese precioso deporte ancestral cuando vayamos a las islas. Y nuestro Gobierno, el de España, tiene el inexcusable deber de proteger nuestras libertades y nuestros derechos civiles en todo el solar patrio. Si no nos contentamos con entrar al trapo y vemos un poco más allá, hacia lo esencial, percibiremos que, otra vez, lo que se ha atropellado son nuestras libertades. Y eso, señores, es harina de otro costal. Es un concepto gravísimo y, desde luego, exige la intervención del Gobierno de España, si éste admite que su primordial deber ante cualquier otro es el de proteger las libertades y los derechos civiles de los ciudadanos, todos, y si no, en democracia, de la mayor mayoría. ¿Lo admite?

Claro que es fácil disimular esa agresión esencial cuando se centra en un arte o espectáculo, según opiniones. ¿Cómo nos vamos a rebelar contra esta prohibición si ya se impide ‘de jure’ o ‘de facto’ educar hijos en la lengua común de los españoles a muchos padres españoles -¡qué monstruosidad!-? ¿Va a ser esta prohibición regional más indignante que la persecución gestapiana por rotular en castellano? ¿Nos va a soliviantar más el tener que ver corridas fuera de la Cataluña ibérica que someter a nuestros hijos de las clases humildes -los otros van al colegio alemán, por ejemplo- a libros de textos mentirosos, manipuladores y enemigos de la convivencia y la inteligencia? Y tantas y tantas muestras de libertades y derechos civiles agredidos.

Pues reflexionemos al menos sobre lo sustancial que se esconde tras cada atropello político, reflexionemos al menos sobre cómo quedan nuestros derechos. Despreciando el señuelo a la distancia corta, pero oteando los abismos del horizonte, no vaya a ser que en ellos se precipiten nuestras libertades. Y decidamos si queremos sólo atender al señuelo. Pero no olvidemos que los toros bravos, que ven lo que hay que ver, pueden ser indultados y siempre son magníficos, dignos y admirados. En cambio a los burriciegos, inútiles, les espera el matadero y sólo dan pena.

domingo, 8 de agosto de 2010

Lo que queda de la manifestación


Danel Arzamendi | 30/07/2010

Fueron muchos los que pronosticaron que los ardores guerreros desatados tras la sentencia del TC se terminarían disolviendo como un azucarillo con el paso de las semanas. La tan manida unidad catalanista vuelve a naufragar, evidenciando que las estrategias preelectorales de los partidos tienen prioridad sobre la presunta eficacia de un utópico frente común. Porque una vez más, los políticos han demostrado su incapacidad para levantar la mirada de sus propios ombligos, para echar un vistazo al mundo que se extiende más allá de las puertas de sus sedes. Así, la reedición de la jaula de grillos catalanista ha significado un jarro de agua fría para los soberanistas convencidos, mientras el resto de la población ha respirado aliviada al certificar el fracaso de este amago de levantamiento.

La resaca de la manifestación vino marcada por una previsible guerra de cifras, después de que Òmnium Cultural (premiada esta misma semana con 170.000 euros de la Generalitat) afirmase que habían sido un millón y medio los asistentes a la marcha. Esta desmesura vino respaldada por una Guàrdia Urbana sumisa a quienes les dan de comer, recordando aquellas manifestaciones madrileñas en las que la Policía Municipal (sometida al PP) y la Policía Nacional (dependiente del PSOE) polemizaban sobre los datos de asistencia con una desproporción de uno a veinte. A pesar de que la empresa especializada Lynce, contratada por la agencia Efe, señaló que sólo 56.000 personas habían secundado la convocatoria, todo apunta a que el dato más fidedigno ha sido el ofrecido por el poco sospechoso diario La Vanguardia y el servicio estadístico de la UAB, con una horquilla de 300.000 a 350.000 participantes. En cualquier caso, la capacidad de convocatoria del catalanismo político fue abrumadora, y resultaría irresponsable minimizar la importancia de lo acontecido en las calles de Barcelona por culpa de un simple baile de cifras, por muy escandaloso que éste sea.

Aunque suene a chiste, algunos sectores independentistas parecieron ponerse muy nerviosos con la excepcional trayectoria de la Roja en Sudáfrica, temiendo que los éxitos de la selección enfervorizaran un sentimiento españolista que aguara la demostración de fuerza catalana. Recordemos la bravuconada planteada a Ballesteros por sus aliados republicanos en el Consistorio, exigiéndole que se decantara por España o por Catalunya a raíz de la posible instalación de una pantalla gigante para ver la final del Mundial. Parece increíble que a estas alturas haya quien se crea legitimado para expedir carnets del buen patriota, y más aún que los socialistas sucumbieran al órdago alegando presuntos motivos de austeridad, un mes después de haberse gastado 300.000 euros en una obra de teatro reservada para unos pocos cientos de privilegiados. Y eso por no hablar del escándalo de Xanascat, tras conocerse que los mulás de ERC prohibieron que la victoria de España sobre Holanda fuese vista en los campamentos juveniles organizados por la Generalitat, amenazando a los monitores con sanciones laborales si encendían el televisor.

En cualquier caso, más allá de las cifras de asistencia a la manifestación, lo verdaderamente crucial fue la toma de posición de una amplia mayoría del arco parlamentario catalán en defensa de la plena soberanía del pueblo de Catalunya. Teniendo en cuenta que el actual marco constitucional impide la compartimentación de la soberanía española, resulta evidente que la marcha significó un repudio explícito a la Constitución del 78 en uno de sus aspectos fundamentales. Aunque se trata de una postura perfectamente defendible, todos habríamos agradecido que los partidos convocantes se hubieran definido a este respecto unos años atrás, evitando que miles de catalanes se sintieran agredidos por España al observar a sus sobreactuados políticos echándose las manos a la cabeza por una sentencia más que previsible.

El Estatut pretendió quebrar la estructura política española por la puerta de atrás, metiendo con calzador un modelo que excedía el esquema constitucional. El propio Pasqual Maragall reconoció el error de no haber planteado una modificación de la Carta Magna antes de proponer un Estatut que difícilmente cuadraría con las previsiones del 78. Quizás haya llegado la hora de plantear abiertamente una reforma sustancial de la Constitución que permita un encaje satisfactorio de las comunidades con un fuerte sentimiento nacional, superando el ‘café para todos’ que desbarató los sueños de un modelo federal y asimétrico.

El fracaso del plan Ibarretxe y del nuevo Estatut constituye la demostración palpable de la solidez de una estructura impermeable a las triquiñuelas partidistas. Si no se coge el toro por los cuernos, proponiendo una actualización constitucional que dote de estabilidad al modelo español, la amenaza de una desintegración estará cada día más cerca.


sábado, 7 de agosto de 2010

A los de Mas. (CIU)

A su paso por la provincia de Tarragona, el President de Cataluña nos seducía con unas declaraciones en prensa, que sin duda muchos compartimos y respaldamos, Montilla repta Mas a deixar el seu escó si la justícia certifica el finançament irregular de Convergència”.

3cat.24.cat

Debe haber responsabilidades, incluso más allá de la justicia y por la recuperación en la credibilidad de la vida política, es cuestión también de supervivencia democrática y por que el voto no depositado sea la mayoría aplastante y silenciosa en las próximas y futuras elecciones a cualquier cargo público.


Es más, el Sr. Montilla debería haber aplicado para él, lo mismo que reclama para otros. En relación con la sentencia del Estatut, más aún después de intentar desprestigiar a tribunal que debe juzgar la constitucionalidad del mismo. Aún no estando conforme con la sentencia se autoproclama, insumiso a la misma, Todo un ejemplo para pedir responsabilidades a los de Mas, Artur Mas.

EnUnLugarDeReus